En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. Además, existe contra ellos una causa penal. La decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna manera es una advertencia respecto de movidas pensadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook.
